Lo  peor  que  le  puede  ocurrir  a  nuestra  democracia  es  que  prosiga el proceso de desinstitucionalización hace un tiempo iniciado, y que amenaza con  descomponer   por completo el tejido pacientemente construido de nuestro Estado de Derecho.

Los más recientes acontecimientos, que se resumen en inusitado enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, a  raíz  de  la  sindicación hecha, por la vía de declaraciones, contra magistrados auxiliares de dicha  Corporación en el sentido de haber formulado propuestas deshonestas a  procesados,  con   el    fin aparente  de  obtener  falsos  testimonios  contra el Jefe  del  Estado,   inclusive   para vincularlo a la comisión o a la planeación de  delitos  gravísimos,  constituyen   apenas algunas   de   las   piezas   del   rompecabezas   que   se   ha  ido  conformando,  muy probablemente   con   oscuros   orígenes   y   mezquinos   intereses,   ya   sea  con  la consigna  final   de  provocar  la  caída  del  actual  mandatario, o bien con la intención proterva  de  deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de Casación Penal viene    adelantando  los  procesos  judiciales  de  lo  que  se  ha  dado  en  denominar "parapolítica" ,  que  en  términos  jurídicos  se  traduce ,  entre otras conductas, en la posible  asociación  para  delinquir  entre  miembros  de  la  clase  política  de distintos partidos y peligrosos delincuentes integrantes del paramilitarismo.

Nos  negamos  a  creer  que  los magistrados auxiliares -contra quienes se han dirigido  las   sindicaciones   por   parte   de  personas  antes  involucradas  con  organizaciones delictivas-  hayan   hecho   uso  indebido  de  sus  atribuciones  y  comisiones, o de las diligencias a su cargo,  para construir falsas pruebas con intencionalidad política. Y nos negamos a creer igualmente que todo corresponda a un montaje de la Casa de Nariño. La presunción de inocencia  de  los  protagonistas,  que  debe  ser respetada, impide y debe impedir en efecto que la opinión pública condene anticipadamente, pero también implica que tengan lugar las necesarias investigaciones para esclarecer los hechos.

Es   de   suyo   grave  que  cualquiera  de  las  hipótesis  en  referencia  esté  teniendo realización,  toda  vez  que  la  una  o  la otra –de configurarse-  corresponderían, para vergüenza de Colombia,  a tenebrosos intentos concretamente dirigidos contra nuestro sistema democrático.

Las  instituciones,  que  responden   -en  su  estructura  y  en  la  normatividad que las informa-,  a los fundamentos mismos del orden jurídico establecido por la Constitución, con firme arraigo en los valores que el Constituyente quiso realizar y en los postulados, principios  y  reglas  que  se proyectan al ser íntegro del Estado colombiano, deben ser invulnerables  a  estos  ataques.  Como  respecto  de  los  "virus"  que aparecen en los computadores,   a   los   que   se   aplican  programas  especializados  y  técnicamente diseñados  que  los  neutralizan,  la  sociedad -y  en concreto el sistema jurídico- tienen que   ser   capaces   de  prevenir  y  desmontar  los  planes  desestabilizadores  contra  las  instituciones,   para   que   éstas  no  sean  minadas,  como  todo  indica  que  hoy  está sucediendo.

Lo  cierto  es  que  los  seres  humanos  que  están transitoriamente al servicio de esas instituciones   creen  a  veces -equivocadamente-  que  se  confunden  con ellas, y, por vanidad  o  por  ingenuidad, cometen con  alguna  frecuencia  equivocaciones,  o  caen  en   las   trampas   que   se  les  tienden,  conduciéndolas  -quizá  de  buena  fe-  a los escenarios en los cuales habrá de tener lugar su destrucción.

Pero  los  seres  humanos  titulares  de  las  funciones  públicas  son,  al  fin  y al cabo, pasajeros, y es injusto que en sus caídas individuales o colectivas, o en el curso de sus veleidades  o  debilidades,  se lleven con ellos a las instituciones, que nos pertenecen a todos  y  que  son  el  resultado  actual  de  toda  una  evolución  de la democracia y el Derecho, difícilmente  instaurados  entre  nosotros,  como  lo  acredita  la historia de la República.

Consideramos  que,  en  la  actual  coyuntura,  con  independencia  de las convicciones políticas  que  profese  uno  u  otro,  y  aparte  de  si   se es o no afecto al Gobierno,  o  miembro  de  la oposición,   se   impone   la  necesidad  urgente  de   respaldar   a  las  instituciones  como   tales –no  tanto  a las personas que temporalmente las encarnan, haciendo  un  llamado urgente a la cordura y a la madurez, y buscando, por los medios jurídicos   que   también   las   instituciones   actuales   suministran,  que se investigue pronto  y  completamente  lo  ocurrido,  que  se  aplique  a  quien  sea  responsable las sanciones  pertinentes,  y  que  restañemos  las  heridas  que  puedan haber dejado su huella en el cuerpo institucional de la Nación.