Como era de esperar, en los Estados Unidos ha repercutido  -y con gran fuerza-  el escándalo de los "falsos positivos", sobre cuyos oscuros orígenes los colombianos todavía no tenemos la más leve información que sea fruto de las investigaciones en curso. Como en el caso de las interceptaciones ilegales efectuadas por  la Policía y por el DAS, y como en el de la "yidispolítica",  no se conocerán decisiones prontas, y cuando se conozcan serán absolutorias para todo el mundo, entronizando la impunidad. 

De lo que no nos damos cuenta es de que todos estos escándalos, que los funcionarios oficiales creen o logran evaporar con unas simples declaraciones en los medios de comunicación, tienen en el exterior gran resonancia, y traen sus consecuencias, en especial en lo que toca con ayudas económicas solicitadas por Colombia con el argumento de que las requiere para luchar contra la delincuencia. 

Por eso, no es de extrañar la actitud asumida en estos días por el congresista demócrata Patrick Leahy, quien preside el Comité de Apropiaciones del Senado norteamericano, en el sentido de imponer condiciones para descongelar la entrega a nuestro Gobierno de 72 millones de dólares del Plan Colombia. Un Plan sobre cuya utilidad y necesidad no se han puesto de acuerdo el Presidente Uribe y su Vicepresidente, doctor Francisco Santos. 

El condicionamiento establecido por esa comisión presupuestal estadounidense consiste precisamente en que se llegue a resultados concretos en las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con los crímenes de todos esos jóvenes atraídos por señuelos laborales y después asesinados para presentarlos como guerrilleros caídos en combate. 

No olvidemos que Patrick Leahy no es cualquier empleado de cuarto o quinto nivel. Se trata de un respetado congresista muy conocedor de la situación colombiana  -y muy crítico en relación con falencias ostensibles de nuestro sistema en cuanto a la efectividad de la protección de los derechos humanos-, y de alguien que tiene en sus manos el visto bueno indispensable para que los recursos del Plan Colombia sean finalmente descongelados y desembolsados. 

Pero, según Leahy, "la entrega o no de esos fondos dependerá, en parte, de cómo el Gobierno maneje el problema de los "falsos positivos": si se castiga a los responsables o si continúan los ataques contra aquellos que tuvieron el coraje de revelarlos". 

Lo más grave del asunto es que no se trata simplemente de una traba o dificultad transitoria, ni de una excusa para perjudicar a Colombia, sino de una exigencia, con carácter imperativo y condicionante, orientada a lograr decisiones eficaces y prontas en la materia, si Colombia quiere  -como lo ha manifestado el Presidente-  los recursos del Plan Colombia. 

Y en esto, para que no sigamos engañándonos, hay que decir que Leahy, aunque una vez más presiona sobre nuestras autoridades lesionando la soberanía que deberíamos ejercer a plenitud, esta vez tiene razón, por cuanto todo indica que, tal como van las cosas, vamos derecho hacia la impunidad por tales crímenes, y a que las víctimas jamás sean adecuadamente resarcidas. 

Y tiene razón, además, en que su actitud es necesaria para que los funcionarios competentes se despierten y obren, ya que, en nuestro territorio, a lo dicho por los colombianos sobre el tema no se le presta atención alguna. Veamos si a Patrick Leahy se lo atiende, o si Colombia prefiere renunciar al Plan Colombia, como lo sugirió Francisco Santos.