Los últimos acontecimientos, en Colombia y en el mundo, muestran a las claras hasta qué punto causa daño en el seno de las sociedades la intolerancia de algunos de sus miembros, que,  a falta de razones, prefieren el uso de la fuerza, o la violencia de los hechos o de las palabras. Son quienes consideran que lleva ventaja en cualquier discusión quien atropella, cuando en realidad, con su conducta, descalifica cualquiera de sus argumentos –si los tiene-, por buenos que sean.

Fueron precisamente la intervención desaforada  y ciertamente  inoportuna del presidente venezolano, Hugo  Chávez  (quien interrumpía al orador en uso de la palabra, contrariando las reglas de la diplomacia) , y el  discurso desafiante del mandatario nicaragüense Daniel  Ortega durante la última sesión de la XVII Cumbre Hispanoamericana celebrada en Santiago de Chile, los factores que exacerbaron los ánimos y condujeron a la respuesta airada, y tampoco diplomática, del rey Juan Carlos de España. Si todo se hubiera discutido con serenidad, con razones, con exposiciones verbales bien presentadas, y en la oportunidad debida, según las disposiciones que rigen esta clase de eventos internacionales, el incidente –que seguramente tendrá repercusiones en las relaciones entre España, Venezuela y Nicaragua, al menos en el futuro próximo- no habría pasado a mayores, y con seguridad se habría podido llegar a conclusiones mucho más eficaces, y a decisiones de mayor profundidad que las consignadas finalmente en la Declaración Final, muy deslucida por el  bochornoso acontecimiento.

Siguiendo con Chávez, no queremos descalificar su propósito de instaurar, mediante reforma de la Constitución de 1999, un sistema socialista bolivariano, tal como lo ofreció a los venezolanos en la última campaña electoral. Él tiene toda la facultad de presentar proyectos a la Asamblea Nacional, y por supuesto al pueblo, acerca de las instituciones que, en ejercicio de la competencia del primero y en uso de la soberanía del segundo, quieran establecer.

Lo que merece crítica es el método utilizado para obtener la mayoría por el SÍ, que ha ido desde los reiterados ataques oficiales contra quienes han manifestado reserva u oposición, pasando por amenazas contra los medios de comunicación críticos, hasta la generación de enfrentamientos entre partidarios de uno y otro criterio, con graves problemas de orden público, inclusive en el interior de establecimientos universitarios, a los cuales repugna, por principio, la presencia de las armas.

Si por Venezuela llueve, en Colombia no escampa, y no sólo por los fenómenos del clima que en los últimos días nos han afectado, sino especialmente por la intolerancia con la cual se quieren imponer las ideas, dentro del erróneo propósito oficial de lograr respuesta favorable unánime, sin discusión ni contradicción, acerca de todas sus políticas y en relación con todas sus decisiones.

Es lo que hemos visto, por ejemplo, en lo referente a la mal denominada Ley de Justicia y Paz, que –quiérase reconocerlo o no-  es una normativa que plasma la impunidad para los crímenes más atroces, según lo hemos visto a lo largo de las confesiones , parcialmente transmitidas, de los antiguos paramilitares, hoy supuestamente desmovilizados. El Ejecutivo quiere a toda costa clasificar tales crímenes como políticos, con miras a beneficiarlos, no importa lo que pase con los conceptos de verdad, justicia y reparación, y aunque nuestro sistema jurídico no admite tal calificación , y si para ello tiene que establecer un absurdo enfrentamiento con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, descalificando sus decisiones  y atribuyéndoles un “sesgo” inexistente, lo hace, por cuanto la ética gubernamental enseña que el fin justifica los medios.

La intolerancia también existe respecto al escándalo de la llamada “parapolítica” , que ya ha dado lugar a endilgar comportamientos indebidos a los magistrados  que tienen a cargo los procesos, y  a crudas discusiones públicas del Presidente de la República en los medios de comunicación, en contra de la Corte Suprema.

Igualmente, contra la Corte se ha venido lanza en ristre el Presidente, a propósito del discurso del Presidente de la Corte Suprema a los veintidós años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, rechazando sus expresiones como contrarias a la Fuerza Pública, cuando bien se sabe que ellas se fundaron en las conclusiones de la Comisión de la Verdad, constituida por ese organismo judicial con tres ilustres exmagistrados de su seno, y  a  sabiendas de que las referencias no se hacían contra el Ejército como institución, sino en torno a la operación muy concreta de recuperación del Palacio durante esos luctuosos acontecimientos de 1985.

¿Y qué decir de la nueva propuesta de reelección presidencial a tres años vista, que –a juzgar por algunas manifestaciones  de partidarios del Presidente Uribe, creemos que sin su consentimiento- no pocos la quieren imponer a las buenas o a las malas?