Aunque lo cierto es que, como lo hemos afirmado en esta página, son los dirigentes y miembros de las FARC los únicos responsables por los secuestros y por los maltratos a que son sometidos los secuestrados -y esa responsabilidad no se la podemos traspasar tan fácil al Presidente de la República, quien entre otras cosas recibió la situación, en cuanto a la mayoría de los cautivos, al posesionarse en 2002-, el Estado tiene entre sus finalidades una de primer orden que es la de velar por la vida, honra, bienes, derechos y creencias de todas las personas residentes en Colombia, tal como lo proclama con claridad el artículo 2 de la Constitución Política.

Sabemos que es esa una situación en extremo difícil, en especial para el Presidente, sobre quien están puestas todas las miradas de la sociedad colombiana y las de la comunidad internacional, pero debemos entender que asumió esos riesgos al candidatizarse -y más aún, al candidatizarse dos veces consecutivas para la presidencia de la República-, por lo cual no puede ser inferior a su compromiso, en particular en esta materia que hizo parte esencial de sus argumentos electorales e integra por necesidad el esquema que debe consultar para proseguir en su política de seguridad democrática.

No olvidemos que el Presidente prometió, bajo juramento, cumplir la Constitución de Colombia, y por tanto tiene a su cargo este importante asunto, que de ninguna manera puede dejar sin solución cuando termine estos segundos cuatro años de gobierno.

Ahora bien, como lo sostuvimos públicamente, el juez ante quien fue demandado el Dr. Uribe con miras a que se lo obligara por la vía del amparo constitucional a celebrar el Acuerdo Humanitario para la liberación de los secuestrados no tenía opción distinta -como en efecto se vió en la sentencia de primer grado- que negar la tutela deprecada, ya que era del todo improcedente. Se trata de atribuciones exclusivas y privativas del Jefe del Estado, en las cuales no pueden interferir otras ramas del poder público, como perentoriamente resulta de los artículos 113, 121 y 189 de la Carta.

Pero, si bien no puede ser forzado al Acuerdo Humanitario, lo que resulta indispensable subrayar es que las cosas no pueden quedar como están; que la solución armada -léase rescate a sangre y fuego de los secuestrados- debe ser excluida en razón del inmenso peligro que representa para la vida e integridad de los cautivos; que congelar el asunto puede que sea -aunque nos permitimos dudarlo- políticamente útil pero es inhumano; y que para entablar el diálogo sobre ese tema puntual no es indispensable declarar -como lo propone Chávez- ningún reconocimiento de beligerancia ni cosa que se le parezca.

Nos ha entrado la incertidumbre acerca de la viabilidad práctica del Acuerdo Humanitario, dadas las tensas relaciones entre Colombia y Venezuela, justamente con origen en la búsqueda de fórmulas propicias para lograrlo, y por eso queremos solicitar al Presidente que haga un alto en el camino, y que con serenidad, dejando aparte la confrontación surgida con Chávez y en estos días profundizada, y mucho más allá de una medición de fuerzas, reflexione acerca de las mejores vías pacíficas para obtener aproximación a las FARC en busca de acciones humanitarias bilaterales, en las que será indispensables que las dos partes cedan y se flexibilicen en aras de un interés superior.

Ya el Gobierno ha avanzado en la fórmula inicial de la zona de encuentro, y en acudir a la intervención de la Iglesia Católica, que ha mostrado inmensa voluntad y gran abnegación. Falta insistir un poco, haciendo un paréntesis en los ataques verbales contra la guerrilla, y procurando no perder de vista el objetivo primordial, que debe sobreponerse a las razones de Estado y a la distracción generada por otros factores que hoy están interfiriendo.

En otro aspecto de esta difícil coyuntura por la cual súbitamente atraviesa Colombia, debemos tratar acerca de la cuestión internacional.

Todos hemos pedido en la reciente novena de aguinaldos que Dios nos otorgue "la prudencia que hace verdaderos sabios". Y sí que es necesaria esa prudencia en cabeza de nuestros gobernantes en la delicada circunstancia por la que pasan las relaciones entre Colombia y Venezuela, que presentan hoy un momento crítico, cuando la intemperancia verbal del Presidente Chávez y las múltiples intervenciones de ministros y voceros colombianos en los medios de comunicación han caldeado el ambiente, conduciéndolo hasta extremos insospechados. No es difícil vaticinar que, si las cosas siguen así, vamos a parar en una ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. De hecho, ya ha comenzado, con la actitud venezolana en el caso de los vehículos; con el comunicado de Colombia exigiendo respeto, con la grave y no concreta acusación de Chávez sobre conspiración entre personas colombianas y norteamericanas nada menos que para matarlo; con el anuncio acerca de que el Embajador de Venezuela en Colombia no regresará a Bogotá, y con las permanentes descalificaciones y puyas de lado y lado.

Es un panorama un tanto exótico: no estamos peleando por un territorio, ni por el ingreso de tropas, aviones o naves de guerra de un Estado en el territorio del otro, ni por operaciones militares, ataques armados, diferencias comerciales, ni nada por el estilo, sino por causa de una cooperación extranjera con miras a una finalidad humanitaria, y por la intervención -primero solicitada, después interrumpida, vuelta a aceptar y finalmente rechazada de manera abierta por parte del Ejecutivo colombiano- del Presidente Chávez en la liberación de los secuestrados que la guerrilla de las FARC mantiene en sus campos de concentración.

Más aún: parece increíble que, disminuida en diciembre la tensión que había sido alta en noviembre -una vez que Uribe dio por terminada unilateralmente la mediación de Chávez-, se haya recrudecido y agravado tanto en enero, justo inmediatamente después de que las gestiones del presidente venezolano -justo es reconocerlo- habían culminado felizmente con la liberación de dos mujeres colombianas que habían permanecido cautivas durante varios años.

Debemos regresar a la cordura y al buen trato entre dos naciones hermanas, y, en vez de continuar en esa mutua actitud de pugnacidad que ha desviado las tareas gubernamentales y las relaciones diplomáticas del objetivo inicial , procurar, mediante una sencilla remembranza -quizá se requiera un memorando que reconstruya los acontecimientos, a la manera como los abogados presentamos los hechos en una demanda-, rectificar la senda, restablecer un diálogo entre los gobernantes y retomar las relaciones normales que son propias de dos naciones con un pasado común y con numerosos motivos de identidad y hermandad.

Para ello resulta indispensable abandonar la infantil y ya fastidiosa competencia por establecer quién pronuncia ante los micrófonos de la radio y las cámaras de la televisión las frases más ingeniosas, o quién pone más veneno en sus dardos, y hacer uso de los canales diplomáticos, que sirven precisamente para relacionar a los Estados entre sí conforme a unas reglas suficientemente probadas a lo largo de la historia, serias y rigurosas.

Así, sería bueno pensar en la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero no para que los ex presidentes de la República se trencen en una pelea interna o en un juego de vanidades -como aconteció la última vez-, sino para que le preste apoyo al Jefe del Estado en la adopción de las decisiones que mejor convengan a la salud de la Patria, y muy en concreto a la normalización de las relaciones con el Estado vecino, y a la búsqueda renovada de la urgente y justa liberación de las personas secuestradas.