Continúan las revelaciones de la Fiscalía acerca de todo lo que ha descubierto en relación con el escándalo de las "chuzadas" cuyas dimensiones crecen a cada momento.
Hay que advertir que las "chuzadas" o interceptaciones ilegales de comunicaciones constituyen solamente una parte, y no la más escabrosa de la actividad emprendida por la que, según denominación de la Fiscalía, ha sido toda una empresa criminal.
Entre el DAS, la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero UIAF y funcionarios de la Casa de Nariño, se urdió un macabro plan estructurado contra el sistema de Derecho y contra las instituciones, y el asunto es tan grave que la Corte Suprema de Justicia ha calificado estos hechos como integrantes de una conspiración de Estado.
Lo que resulta más grave es que cada día se corrobora con pruebas que la Fiscalía ha venido exponiendo ante los jueces, que se programó toda una serie de gestiones ilícitas de seguimiento y asedio contra los magistrados por parte de funcionarios públicos administrativos y sin orden judicial, para informar a la Presidencia de la República acerca de aspectos reservados propios de las funciones de la Corte, e íntimos de sus integrantes.
En efecto, la UIAF utilizó informes financieros para desacreditar a los jueces. Esculcaron sin orden judicial registros hoteleros, facturas, documentos particulares, consumos; examinaron sus cuentas; grabaron sus llamadas. La grabación conocida ayer es, ni más ni menos correspondiente a una sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema, además de que había infiltrada una mujer espía en la Corporación.
En fin, todo un plan criminal que no puede quedar impune.
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