Muchos consideran que, tratándose de una campaña electoral -en especial si tiene la trascendencia política de la que ahora se adelanta- son válidos todos los procedimientos y legítimas todas las modalidades de proselitismo, aunque incluyan competencia publicitaria desleal, rumores y consejas en contra de los rivales.
En mi criterio, la apelación a ese tipo de campañas es, de una parte, un reconocimiento de la propia debilidad por parte de quien las emprende; y de otra, dado el anonimato de sus promotores y autores directos, una expresión de cobardía, en cuanto las armas utilizadas son bajas y suponen el aprovechamiento de la total indefensión de la víctima. Esta no sabe quién ni desde dónde la ataca, y se encuentra imposibilitada para responder con eficacia.
Pero, precisamente en razón de esas características, que son propias de la guerra sucia, las mismas condiciones ventajosas de los agresores y el hecho de ser anónimos implican que muy pronto, aunque se logren efectos inmediatos en las encuestas, los votantes son conscientes de la deslealtad utilizada, y reflejan su reacción en las urnas, a favor de aquellos a quienes se quiso desacreditar.
Es natural. El votante tiende a estar del lado del más débil. Y cuando descubre que se trata de una campaña de desprestigio emprendida desde la oscuridad, rechaza la totalidad de las versiones, inclusive si ellas incluyen algunos hechos verídicos. Todo queda cobijado por la malevolencia del procedimiento, que es justamente repudiado por los sufragantes. Al fin y al cabo, se los quería engañar con falsedades o con verdades a medias; o con hechos tergiversados.
En definitiva, estos sistemas maquiavélicos y sin escrúpulos, se devuelven contra sus autores y perjudican irremediablemente a los supuestos beneficiarios.
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