Las universidades serán en el futuro, si el Gobierno insiste -como parece que insistirá- en su idea de meter a la juventud en camisa de once varas, escuelas de delatores.
Involucrar a los estudiantes, en especial a los menores, en el mercado de las delaciones y recompensas, no es la más brillante idea del Gobierno para luchar contra la delincuencia.
La propuesta, formulada para Medellín, pero que nos parece el Presidente quiere tomar como plan piloto para desarrollar después en otras ciudades y en todo el territorio nacional, fue expuesta así por el propio Jefe del Estado: Vincular a través de la Fuerza Pública mil jóvenes estudiantes de Medellín -requisito, que sean estudiantes, que estén estudiando-, como informantes de la Fuerza Pública para desterrar el homicidio. Cada joven de ellos va a recibir al mes cien mil pesos, a título de bonificación
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Se trata, ni más ni menos, que de poner en peligro por ahora a 1.000 estudiantes (después a quién sabe cuántos) por la irrisoria suma de $ 100.000.oo mensuales, a cambio de delatar a delincuentes y organizaciones criminales. Esa cifra, entre otras cosas, resulta desproporcionada y ridícula frente al riesgo que asumirán los muchachos.
Si en el colegio los compañeros acusados de faltas disciplinarias por otros de ellos -los "acusetas panderetas"- les propinaban una ensalada a la salida del plantel, las bandas de delincuentes -ya lo sabemos- acudirán a formas mucho más drásticas de retaliación ( a la vez ejemplarizantes) contra aquellos a quienes se descubra que son informantes de la Policía o del Ejército. No nos engañemos: para la delincuencia, aquí y en todo el mundo, la delación se paga con la muerte, porque los criminales no tienen Dios, ni ética, ni conciencia.
No hay derecho a que esto ocurra en un país civilizado, tan necesitado de que las futuras generaciones crezcan y se desarrollen libres de la violencia y la corrupción que hoy nos aquejan.
Esto será peligroso, contraproducente y poco ético, pues se introduce a la población civil en el conflicto. En cuanto a los menores, es claramente inconstitucional pues merecen protección y no riesgo; en lo relativo a los mayores, no hay que pagar por denunciar -que es una obligación impuesta por la ley cuando se conoce de un delito-. La omisión de denuncia es otro delito. Entonces, ¿para qué los $100.000.oo? ¿No será que las bandas de hampones superan las ofertas e infiltran a las instituciones para atacarlas desde los claustros, que deberían estar apartados de toda esta podredumbre?
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