COLUMNAS |
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EMERGENCIA SOCIAL EN LA SALUD |
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| JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO | ||||||||||||||||||||
Diciembre 29 de 2009 |
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| El año termina con el país en régimen de excepción. Una emergencia social en salud, con la que el Ejecutivo quiere, tardíamente, más que atender con eficacia y agilidad -como debería ser- las necesidades de los colombianos en ese aspecto, solucionar el descuadre financiero de los intermediarios. Estos, desde la Ley 100 de 1993 -tan afín a los postulados de la presente administración-, manejan de manera ineficiente un sistema que presenta protuberantes fallas estructurales, y que además ha sido hasta ahora descuidado por las autoridades cuando esos mismos intermediarios, no obstante que se trata -como lo ha dicho la Corte Constitucional- de un derecho fundamental, han bloqueado en forma sistemática el real acceso de las personas a los servicios esenciales. Esto último por cuanto -digámonos la verdad- la salud se convirtió en un negocio. El Gobierno se afana ahora pero en verdad jamás se ha preocupado por el "paseo de la muerte"; ni por la pésima atención a los enfermos en clínicas y hospitales, incluida la nueva EPS del Seguro Social; ni tampoco por los casos de mujeres que deben dar a luz en la calle, al frente de instituciones asistenciales que no las dejan entrar por carecer de recursos; ni por los miles de casos en que las mismas instituciones niegan intervenciones quirúrgicas urgentes, tratamientos esenciales, medicamentos recetados por sus propios médicos e indispensables para la recuperación de la salud, o exámenes ordenados con carácter prioritario, con miras al diagnóstico de enfermedades que después -cuando ya nada se puede hacer- resultan ser catastróficas. La salud no ha sido nunca algo importante para el Ministerio mal llamado de "protección social". Basta recordar sus protestas por el hecho de que las personas acudan a la acción de tutela para obtener aquello a lo que tienen derecho, en materia esencial -no cosmética, como suele decir el Ministro-; o las objeciones presidenciales, afortunadamente rechazadas por la Corte Constitucional, a proyectos de ley como el de atención a los niños enfermos de cáncer. Ese Ministerio, tal como entiende su función, debe siempre oponerse a lo que signifique mejor atención de la salud o reivindicación de derechos, y favorecer, en cambio, las finanzas de las empresas intermediarias. En cuanto a la asistencia a los usuarios, siempre le parece costosa, razón que lo lleva a sostener que se debe "racionalizar", lo que -traduciéndolo- significa "recortar", "restringir" o "eliminar" . En otros términos, emergencia para que todo cambie, y todo siga igual. |
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